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Boletín de prensa 26 de abril de 2011
EL TIEMPO
CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA INTÉRPRETE PARA SORDOS EN COLEGIO
Replantear sistema de educación a discapacitados pidió el alto tribunal al Gobierno.
Un fallo de tutela de la Corte Constitucional permitirá que un estudiante en Montería cuente con un profesor intérprete del lenguaje de los sordos para terminar sus estudios y graduarse como bachiller normalista.
Pero el caso también será el punto de partida para que el Gobierno inicie un plan de atención que garantice el acceso a la educación de personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
Así lo estableció la Corte en un fallo, que le da 15 días al Gobierno para que entregue al colegio donde estudia el joven los recursos necesarios y contrate el maestro que necesita, y "exhorta" al Ministerio de Educación para que "acompañe técnicamente el proceso de ajuste y corrección ordenado en la presente providencia, con el fin de utilizar esta experiencia como un proyecto piloto para mejorar las condiciones de la educación inclusiva".
El joven inició hace dos años el ciclo complementario para obtener el título de normalista superior en el Instituto Normal Superior de Montería (Córdoba) y su padre solicitó al centro educativo un maestro que manejara el lenguaje de señas.
Pero ni el colegio ni la Alcaldía de Montería pudieron cumplir su petición por falta de recursos. Según la institución, para obtener el apoyo estatal y nombrar el intérprete debían contar mínimo con 10 estudiantes más, según lo establece el decreto 366 de 2009 del Ministerio de Educación.
Solo en Montería, advierte el fallo, hay 103 menores con discapacidad auditiva severa que están en la misma situación del joven, y según cifras de la Federación Nacional de Sordos de Colombia (Fenascol), sólo 1.500 estudiantes de educación media cuentan con 120 profesores intérpretes en todo el país.
Esto llevó a la Corte en la sentencia a "inaplicar por inconstitucional" los apartes del decreto que limitan el nombramiento de un intérprete "porque su uso perpetúa la situación de marginación y exclusión que viven estudiantes como Julio David Pérez y demás personas en condición de sordomudez en Montería".
El alto tribunal también critica al sistema de atención educativa a las personas con discapacidad y al programa de inclusión del Ministerio.
La Corte propone que ante la "insuficiencia en los recursos" y "para atender la demanda" se diseñe un sistema de financiación para distribuir a los discapacitados en determinadas instituciones educativas para lograr que un mayor número de estudiantes se beneficien de esos programas.
EL ESPECTADOR
EJECUCIONES DE CIVILES HECHOS PASAR COMO CRIMINALES
Justicia Militar, sin competencia en caso de ‘falso positivo’
La Judicatura trasladó el caso a un fiscal de Derechos Humanos.
En manos de la jurisdicción ordinaria quedó la investigación por un presunto caso de ‘falso positivo’, luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinara que el fiscal delegado ante las Fuerzas Militares que archivó la actuación no era competente para indagar el hecho.
Se trata de la probable ejecución extrajudicial de un N.N. y de Reinel de Jesús Osorio Ríos, que habrían muerto en La Ceja, Antioquia, y que fueron presentados como las bajas producidas en un combate entre uniformados del escuadrón Briosos del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral y paramilitares del Bloque Héroes de Granada.
El fiscal 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sin embargo, aducía tener a su haber elementos probatorios que indicaban que no se trataba de actores armados ilegales, sino que probablemente eran civiles asesinados en Estado de indefensión.
Según la declaración del exparamilitar Edwin Yamid Alzate Correa, el hombre identificado como Osorio Ríos había sido retenido y persuadido por métodos amenazantes para que se integrara al grupo armado ilegal, pero que finalmente fue entregado a los militares.
“Las declaraciones son contundentes y coherentes en afirmar que el occiso no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, no portaba armas, no tenía problemas con nadie, lo cual no nos permiten pregonar con el grado de certeza que se trataba de un miembro de algún grupo subversivo. Del contexto de estas pruebas, no se encuentra certeza si efectivamente los militares involucrados dieron de baja a la víctima cumpliendo el referido operativo militar”, dice la sentencia .
Teniendo en cuenta estos nuevos hallazgos, la Judicatura ordenó reasignar la competencia en cabeza de la Jurisdicción ordinaria, pues a su juicio no se trata de un acto propio del servicio militar; de ahí que hubiera otorgado el conocimiento al fiscal de Derechos Humanos, en decisión con ponencia del magistrado Henry Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria.
ESTE MARTES, DEBATE SOBRE PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN MEDICAMENTOS
EPS: ¿Salud o negocio?
El senador Jorge Enrique Robledo señala que las EPS están utilizando el dinero de la atención de los usuarios para aumentar su patrimonio. Las entidades y el Gobierno se defienden.
En el debate se podrá sobre el tapete la mala prestación del servicio por parte de las EPS.
Debate sobre las EPS
Un álgido debate se llevará a cabo este jueves en la plenaria del Senado, por las presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto asignado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que estarían generado sobrecostos cercanos a un billón de pesos. Además, según el senador Jorge Enrique Robledo, citante del debate, se estaría usando el dinero asignado para la atención de los usuarios a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —presupuesto destinado por el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) para garantizar la atención del Plan Obligatorio de Salud (POS)— en inversiones de patrimonio de estas entidades, en especial Saludcoop.
Al debate fueron citados el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, y el superintendente de Salud, Conrado Gómez, quienes tendrán que responder por una serie de señalamientos que realizará el senador Robledo. El primero tiene que ver con una sanción que emitiría la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y 14 EPS porque “con el argumento de la libre competencia, montaron un cartel para negar el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS y generar el reembolso de la prestación de los servicios de salud a través del no-POS, obligando al Fosyga a disponer de estos recursos y generando un doble cobro”, afirmó Robledo.
Al respecto, el superintendente de Salud, Conrado Gómez, señaló que “aún la Superintendencia de Comercio no ha emitido un concepto, nosotros trabajamos de forma conjunta con el Ministerio de Protección Social para regular el tema de la libre competencia y estamos esperando la decisión y saber si hay irregularidades, porque esta es una denuncia muy delicada”. Por su parte, la EPS Saludcoop afirmó que “los medicamentos del POS adquiridos, o bien fueron suministrados a pacientes o se encuentran en inventario para su dispensación futura a los afiliados. La red externa de IPS (Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud) también dispensa de forma adecuada los medicamentos y posteriormente se los facturan a Saludcoop y sus filiales Cruz Blanca y Cafesalud”.
Otro tema sobre el cual se pedirán respuestas del ministro y del superintendente tiene que ver con las medidas tomadas frente a los presuntos sobrecostos en los medicamentos por cerca de un billón de pesos, tal como lo plantea un estudio realizado por la Universidad Nacional y el mismo Ministerio de Protección Social, el cual advierte incrementos de hasta del 300% en el precio de las medicinas. Al respecto, Gómez reconoció este tipo de irregularidades y afirmó que la Superintendencia de Salud está adelantando la investigación del caso.
“Fue el mismo Ministerio el que encontró las irregularidades y luego de una reunión con la viceministra Beatriz Londoño notamos el incumplimiento en la entrega de información, problemas de cobertura y de calidad. Además, la clara tendencia de sobrecostos en los medicamentos de parte de algunas EPS. Por eso ya abrimos investigación contra 22 entidades, hemos hecho visitas de campo y en pocos días le tendremos respuestas al país”, afirmó Gómez.
Frente a estos señalamientos, Saludcoop (a la que se le atribuyen cerca del 80% de estos sobrecostos), por medio de un comunicado respondió que “es imposible afirmar que se hayan sobrefacturado medicamentos POS, tal como algunas personas de manera errada lo han estado manifestando. Por este motivo, le solicitamos a la Superintendencia de Salud confirmar la veracidad de las equívocas afirmaciones”.
Algunos de los puntos que se plantearán en el marco del debate tienen que ver con un informe presentado por la Federación Médica Colombiana, en el que señala sobrecostos en medicamentos del no-POS como: rituximab, un medicamento contra el cáncer, con sobrecostos por $70 mil millones, y antihemofilicos que forman parte del POS y los cobran como no-POS, $21 mil millones.
Los medicamentos en cuestión
La Federación Médica Colombiana (FDM), estableció la existencia de irregularidades en los recobros de los medicamentos “no POS” al Fosyga. Según la federación, los principales medicamentos que presentan irregularidades son:
Rituximab: Medicamento contra el cáncer, que al parecer presenta sobrecostos por $70 mil millones.
Antihemofílico: Coagulante que según la FDM estaba incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud pero era cobrado como “no POS”. Tienen un sobrecosto de $21.700 millones.
EL DRAMA DE LA COMUNIDAD DE VILLA LA PAZ
Desmovilizados y desplazados
Ochenta familias de campesinos y exmiembros de las Auc se encuentran sin techo tras ser desplazadas por las Farc en Chocó.
Las 80 familias tuvieron que desplazarse hasta la cabecera de Unguía e instalarse en dos albergues temporales ubicados en las bodegas del ICA y en el Sena.
Desplazados de Villa la Paz
Los desmovilizados pertenecientes al desaparecido bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas que comandaba alias El Alemán, ya habían denunciado que estaban siendo intimidados por las Farc. Las amenazas se concretaron y guerrilleros del frente 57 incursionaron y asesinaron a dos hombres que se encontraban en la comunidad Villa la Paz. Según Horacio Restrepo, gerente de Construpaz (cooperativa de los desmovilizados del Élmer Cárdenas), desde finales de 2009 alertaron de la situación al Gobierno Nacional.
“A principios de 2010, después de que ya veníamos informando de que las Farc estaban cerca, hubo un consejo de seguridad en Unguía con representantes del Gobierno Nacional, nos dijeron que no nos alertáramos. Nos prometieron seguridad por parte del Ejército para que continuáramos con estos proyectos, pero hoy tenemos dos compañeros muertos y las familias desplazadas”, relata Horacio Restrepo.
Desde 2006 se inició el proyecto Villa la Paz. Son 248 hectáreas sembradas con caucho, 30 de arroz, 40 de maíz. Se puso en marcha gracias a los aportes de los desmovilizados. “386 desmovilizados comenzamos a ahorrar el 80% de la ayuda humanitaria que nos daba el Gobierno, reunimos 1.980 millones de pesos y Acción Social aportó otros recursos. El interventor es Naciones Unidas. También tenemos proyectos en Necoclí, Mutatá, Arboletes y Acandí. Hemos asumido el compromiso de reintegrarnos a la sociedad y este proyecto ha sido nuestro sustento, por eso nos preocupa que lo hayamos tenido que abandonar”, asegura Restrepo.
Según el alcalde de Unguía, Éver Urrego, la situación es delicada pues “me informaron los campesinos que la guerrilla les mandó a decir a los desmovilizados que ya les mataron a dos compañeros y si no se salen los van a acabar a todos”. El mandatario aseguró que durante estos cinco años los desmovilizados se han dedicado a trabajar. “Nosotros no hemos tenido ningún problema con ellos, ninguna señal de que estén delinquiendo. Se pasan trabajando la tierra con sus familias. Hay muchos niños y eso nos preocupa; junto a ellos hay otros campesinos de la zona trabajando, porque para el proyecto necesitan mucha mano de obra”.
Ochenta familias, 40 de desmovilizados y 40 de campesinos que hacen parte del proyecto, se desplazaron hasta la cabecera de Unguía y se instalaron en dos albergues temporales ubicados en las bodegas del ICA y en el Sena, a la espera de condiciones de seguridad para retornar. “Allá no dejamos nada, nos trajimos los animalitos y nos preocupa que se nos pierda todo el trabajo que hemos hecho. No regresaremos hasta que no veamos acciones concretas donde estén el CICR, el Ejército y el Gobierno que nos garanticen que no van a asesinar a nadie más”, explica Restrepo.
Los campesinos desplazados aseguran que hay cerca de Villa la Paz entre 30 y 40 guerrilleros. Sin embargo, el comandante de la Brigada XVII, general Hernán Giraldo, en diálogo con este diario, explicó que no es real que haya tal número de guerrilleros en esa zona, pues “cuando hemos detectado entre 40 y 50 insurgentes ha sido más hacia la frontera con Panamá, ahí estamos haciendo un trabajo conjunto con las autoridades de ese país”. Señaló además que se reforzó con dos pelotones la seguridad en la región, para evitar otro ataque. “Lo que les estamos diciendo a los líderes es que nos informen a qué plantación van a ir a trabajar, para brindarles seguridad y que no estén solos en ningún momento. Ese proyecto es muy importante para nosotros, porque es una muestra de que los desmovilizados sí pueden trabajar alejados de las armas, es un ejemplo para otros”.
Una fuente que pidió no ser identificada aseguró que detrás de este desplazamiento y estas muertes estarían ‘Los Urabeños’, que pretenden quedarse con estas tierras. Pero el general Giraldo desestimó esa hipótesis puesto que, según el alto oficial, los asesinatos fueron cometidos por un grupo de tres hombres.
Con el fin de analizar la situación, el próximo viernes se realizará un consejo de seguridad en Unguía. “Esperamos que el Gobierno se comprometa a brindarles seguridad para que puedan seguir con su proyecto, la gente tiene mucho miedo y hay que darles una solución”, resaltó el alcalde.
En Unguía, Riosucio, Acandí, Capurganá y Sapzurro se encuentran la Fuerza de Tarea Riosucio, el Batallón Vélez y la Infantería de Marina, con el fin de combatir a los grupos al margen de la ley que allí operan.
INVIERNO EN COLOMBIA
NO HABRÁ NUEVA EMERGENCIA SOCIAL POR INVIERNO
El Gobierno, sin embargo, anunció completo revolcón a las CAR y descartó búsqueda de nuevos impuestos.
El pasado fin de semana el nivel de las aguas superó el metro y medio de altura en algunos barrios de Cali, después del desbordamiento del río Cauca.
El Gobierno Nacional descartó que vaya a ser decretada una nueva emergencia con motivo del invierno que sufre el país. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que esa medida no es necesaria pues las partidas presupuestales están garantizadas.
En ese sentido, descartó que el Gobierno busque crear nuevos impuestos para atender a los millones de damnificados que ha dejado el fenómeno de La Niña.
Según él, los recursos están garantizados para atender el “coletazo final” de La Niña. “El Gobierno hace un esfuerzo enorme a través de darle traslado a unos recursos para continuar atendiendo en los términos que el presidente Santos anunció que se hará”, aseguró.
De otro lado, anunció un completo ‘revolcón’ al sistema de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para meterlas en cintura. Vargas explicó que a través de un proyecto de ley se intentará que éstas “sean recompuestas en sus juntas directivas, el origen en designación de sus directivos y probablemente agrupar algunas de ellas”.
También dijo que las funciones de las CAR deben ser reorientadas a la prevención de cualquier posible caos ambiental.
REVOCAN TUTELA QUE TUMBÓ LICITACIÓN PARA RECAUDO TARIFARIO DEL SITP
Según el juez no se demostró, por parte del accionante, el perjuicio irremediable causado por la continuación del proceso licitatorio.
El pasado 6 de abril de 2011, Transmilenio apeló el fallo de tutela del Juez 39 Civil Municipal que ordenó revocar la Licitación del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información al Usuario – SIRCI, fundamental para la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de la ciudad.
Este lunes, el Juez 20 Civil del Circuito decidió la apelación, revocando el fallo de tutela que tumbó la mencionada licitación, por considerar que no se demostró, por parte del accionante, el perjuicio irremediable causado por la continuación del proceso licitatorio.
Asimismo, el juez decidió presumir legales las actuaciones de Transmilenio en el proceso licitatorio, las cuales solo pueden debatirse en un proceso de acción de nulidad y no de tutela como fue el caso que profirió el fallo inicial.
Este lunes 25 de abril se publicaron los pliegos definitivos para el nuevo proceso licitatorio, con el fin de adjudicar el SIRCI a mediados del mes de junio del presente año.
Fernando Rojas, Gerente (E) de Transmilenio, expresó su tranquilidad frente al fallo de segunda instancia y señaló que es un respaldo para el proceso que se empezó nuevamente este lunes.
SOMBRERO DE MAGO
EL NEGOCIO DE LA SALUD
Desde la aprobación de la Ley 100 de 1994, que privatizó la salud y tornó en archimillonarios a los negociantes de la misma, el paciente (¿o será el cliente?) dejó de ser protagonista del llamado “acto médico” para dejarles ese papel a las facturas y las chequeras.
Se sabe que dentro de las cien empresas más grandes del país, hay entre ellas cinco dedicadas al rentable negocio de la salud, o, en otras palabras, a enriquecerse con la enfermedad de los colombianos.
El asunto de la salud en Colombia ha sido uno de los más tristes para la mayoría de gente. La intermediación privada, además de los aplastantes monopolios de la química farmacéutica, convirtieron ese rubro en inalcanzable para los más pobres, para los marginados, víctimas de un sistema inequitativo y brutal.
Se ha dicho, no sin razón, que en Colombia son más los muertos por la Ley 100, que los causados por la violencia. En este punto vale la pena recordar un episodio trágico, sucedido en 2003, en un hospital de Itagüí, Antioquia. La denuncia la realizó entonces un médico de la Universidad de Antioquia. Allí llegó una muchacha a que le atendieran un parto prematuro; sin embargo, aquel centro asistencial no tenía recursos para “atender niños pretérmino”.
Un facultativo intentó remitirla a cuatro hospitales del área metropolitana, pero no la aceptaron. El episodio llegó hasta el hospital San Vicente, donde dijeron que la atendían previa autorización de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, pero no hubo autorización, porque, dijeron de allá que “la paciente está en la base de datos del municipio de Itagüí y además tiene afiliación en el municipio de Pueblo Rico”. Tras 14 horas de trámites burocráticos, el bebé nació en el hospital del principio, que no tenía recursos para esa atención.
Cuatro horas después, al bebé lo aceptaron en otro hospital, pero, por problemas administrativos con el Sisben, lo devolvieron al de Itagüí. Mejor dicho, Kafka hubiera escrito una novela al respecto o los dramaturgos del absurdo se hubieran dado un “banquete” con esta historia. La criatura murió, mientras se esperaban formularios y facturaciones. Qué horror. Al bebé –como se dijo entonces- lo mató la Ley 100.
La salud, o el bien de la salud, como lo diría un antiguo médico griego, es una mezcla de cualidades o un “equilibrio de potencias”. Y para que ello se dé, son, además, necesarios factores como el nivel de educación de un país, la disponibilidad de agua potable y de higiene, vivienda y empleo dignos, aspectos culturales que permitan intercambios con el otro y posibilidades de armonía mental. Y estos aspectos, como se ve, no son los que predominan en Colombia.
Por el contrario, la salud se volvió una infame puja del capital financiero, una feria de mercaderes, un ámbito deshumanizado para la acumulación de ganancias. Lo último, o prácticamente lo inexistente, es el servicio a los pacientes. Prueba de esto, son las múltiples quejas de los afiliados contra las empresas promotoras de salud. El año pasado, la Superintendencia de Salud recibió más de sesenta y cinco mil reclamaciones por malos servicios de las EPS.
Según los reclamantes, se tiene que padecer el infierno de largas esperas, de más de cuatro meses, para acceder a una cita con especialista; además, son eternas las programaciones de cirugías y casi siempre se entregan incompletos los medicamentos.
Entre las peores EPS, según las quejas de los usuarios, están Humana Vivir, Solsalud, la Nueva EPS, Salud Vida, Multimédicas y Salud Colpatria. Menos mal que aún sobrevive la tutela, que el pasado régimen gubernamental quiso abolir, además de promulgar decretos contra los pacientes y a favor de los mercaderes de la salud.
En todo caso, la neoliberal Ley 100 se hizo y perfeccionó no para preservar la salud de los colombianos, sino para satisfacer los apetitos de negociantes nacionales e internacionales. Cada vez, la mayoría está más lejos del cuerpo y mente sanos. Y para acabarla de enfermar, está la nefasta ley, que también, como se ha visto, sirve para matar.
MULETA CONSTITUYENTE
Por: Alberto Carrasquilla
Para los académicos del derecho constitucional comparativo, Colombia es sumamente interesante.
Les produce asombro, por ejemplo, que nuestra Corte haya implementado, a cuenta propia, un “arreglo” al lío hipotecario de finales de los años noventa, ordenado la apropiación de recursos presupuestales para compensar las víctimas del desplazamiento forzoso, que haya dispuesto fechas concretas para la unificación del seguro de salud o que haya impuesto pisos perentorios para salarios y pensiones, entre otras muchas decisiones que en otros países se toman en las arenas espesas del toma y dame político.
La Corte tiene un nivel de favorabilidad que le envidiaría cualquier político: 65% en la última encuesta de Gallup, hecho más notable todavía si se tiene en cuenta que el sistema judicial es una de las instituciones más desprestigiadas, con apenas 33% de aprobación. Al menos tres ex magistrados, los doctores Hernández, Gaviria y Araujo, han saltado de la toga al overol, compitiendo por los cargos de elección popular más importantes del país, sin duda amparados en su activismo judicial previo. El Doctor Araujo, por ejemplo, dijo que: “Yo no llevo la vocería de los afrodescendientes por azar sino porque (…) he defendido sus derechos, por ejemplo cuando en Cartagena a unas muchachas no las dejaron entrar a una discoteca por el color de su piel y dije en la Corte que no aceptaba esas discriminaciones”.
Los logros objetivos del activismo, en cambio, son grises. La desigualdad es muy similar a la que había en 1990, bajo la Constitución de 1886. Lo mismo podemos decir sobre la pobreza, la informalidad, el desempleo, la intolerancia, la corrupción, y así para cada problema grande que queríamos resolver en el fervor de 1991.
Tenemos, pues, una interesante paradoja con tres patas: un activismo judicial extremo, una falta absoluta de resultados atribuibles a este activismo, y una enorme popularidad para la institución responsable del activismo estéril. Una tesis util para pensar la paradoja es aportada por el profesor David Landau. El autor sugiere, primero, que el tribunal colombiano es, posiblemente, el más activo del mundo. Segundo, que Colombia tiene falencias en su sistema político, manifiestadas, por ejemplo, en la debilidad de los partidos. Tercero, que en Suráfrica el tribunal constitucional exhibió un activismo casi tan grande como el colombiano, pero se ha moderado con el afianzamiento de la institucionalidad democrática.
La conclusión es que las Cortes “se ven obligadas” a invadir el espacio legislativo cuando los países tienen instituciones incapaces de avanzar la agenda que la Constitución implica. No se pueden analizar al amparo de categorías como la “separación de poderes” porque, en estos trópicos, son inaplicables. La Corte sería la muleta que requiere un país estructuralmente cojo.
En mi opinión, lo que explica la “toma” constituyente en Colombia si es la debilidad de nuestras instituciones políticas, pero la explicación va por otro lado. La Corte no invadió el legislativo porque el legislativo sea incapaz de avanzar una agenda “acorde con la Constitución de 1991”. Casi al contrario, lo invadió porque tiene una agenda propia, yo creo que reflejando ante todo los intereses de las clases medias, formalizadas y urbanas, y una estrategia política para avanzarla. Y en ello si ha sido exitosa; a la clase media formalizada si le ha ido mejor que a los pobres. Lo malo es que el legislativo, en su debilidad, ha sido incapaz de hacer respetar el espacio que le define la misma Carta.
Las tendencias sugieren que el debate político de fondo seguirá mudándose del costado sur al costado norte de la plaza de Bolivar. La pregunta que los colombianos enfrentamos es muy clara. ¿Queremos estrenar el principio de la separación de poderes y botar la muleta a la basura, o queremos ir buscando silla de ruedas?.
EL PLAN DE DESARROLLO Y LOS DERECHOS
Por: Rodrigo Uprimny
¿Hasta qué punto el plan de desarrollo (PND) del gobierno Santos, que esta semana será discutido por las plenarias del Congreso, asume un enfoque de derechos humanos?
Es una pregunta importante, pues una de las bases de la legitimidad de las democracias es la garantía de los derechos humanos. El PND, que es la carta de navegación de un gobierno, debería entonces señalar con claridad, con metas e indicadores precisos, cómo las autoridades van a avanzar en la realización efectiva de los derechos de todos, y en especial de aquellos de las poblaciones discriminadas. Y eso en el fondo es un enfoque de derechos.
Una lectura del extenso documento que presenta las “bases del PND” lleva a conclusiones mixtas, pues en ciertos campos hay avances en la incorporación de un enfoque de derechos, pero en otros el atraso es evidente.
El Gobierno intenta asumir ese enfoque en tres temas: i) en el desplazamiento forzado, pues acepta que la meta es avanzar en el goce efectivo de los derechos fundamentales por los desplazados; ii) cuando presenta las estrategias frente a las mujeres y los grupos afros e indígenas, pues reconoce que es necesario un enfoque “diferencial”, que incorpore las necesidades específicas y prioritarias de esas poblaciones; y iii) en las estrategias de seguridad, pues toma en consideración los deberes derivados de las normas de derechos humanos.
En otros campos, en cambio, el enfoque de derechos está ausente. Un ejemplo significativo es en educación, en donde las “bases del PND” sólo hablan una vez del “derecho a la educación”, mientras mencionan explícitamente en 76 ocasiones que el propósito de las estrategias es formar “capital humano”.
En principio la idea de capital humano es armonizable con la garantía del derecho a la educación. Pero son enfoques distintos. La teoría del capital humano se centra en los potenciales aportes de la educación al crecimiento, por lo cual la inversión pública debería centrase en aquello que más aporte al desarrollo económico. En cambio, el derecho a la educación tiene un contenido más amplio, pues supone que toda persona debe poder acceder a una educación digna y de calidad. El Estado tiene entonces que brindar el servicio educativo a todos, incluso cuando no resulte ser una inversión productiva para el desarrollo.
Es obvio que el desarrollo, la garantía de los derechos sociales y la estabilidad macroeconómica no son en principio incompatibles. Es más, una buena estrategia de desarrollo favorece el goce de los derechos sociales y, a su vez, la garantía de los derechos sociales suele ser beneficiosa para el desarrollo. Pero es problemático que el Estado sólo garantice aquellos derechos que sean rentables para el desarrollo. La restricción en el PND del tema educativo a la formación de capital humano es entonces empobrecedora y podría ser incluso incompatible con los deberes del Estado frente al derecho a la educación.
Este ejemplo muestra por qué es importante que el PND y las políticas públicas incorporen un enfoque de derechos humanos. Pero en muchos campos aún no es así. O el enfoque se asume de manera puramente discursiva, sin que se traduzca en herramientas concretas de evaluación de las políticas. Pareciera entonces que el Gobierno asume ese enfoque a regañadientes, pues lo hace en aquellos ámbitos en donde diversas intervenciones judiciales han impuesto su uso, como en el desplazamiento forzado. Ha sido gracias a decisiones de la Corte Constitucional que se ha aceptado que el éxito de una política se mide por el grado en que logre que los desplazados gocen de sus derechos. ¿Será mucho pedir que, sin necesidad de que haya requerimientos judiciales, el Gobierno incorpore en todas sus políticas un enfoque de derechos semejante, que además no se quede en el puro discurso?
EL NUEVO SIGLO
AVANZA PROYECTO DE AJUSTE A LAS EPS: LUIS CARLOS AVELLANEDA
El senador del Polo celebra que su iniciativa de prohibir algunas prácticas para las empresas en el sector salud haya sido incluida en la Ley 1.438 de este año.
CON LA inclusión en la reforma a la salud del proyecto de ley que prohíbe el uso de incentivos económicos por parte de EPS, IPS, empresas farmacéuticas, productoras y comercializadoras de insumos y equipos para el sector, dichas entidades no volverán afectar la ética médica, dijo el autor de la iniciativa, el senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué pasó con el proyecto de ley de su autoría que prohíbe el uso de incentivos económicos por parte de EPS e IPS y empresas farmacéuticas?
LUIS CARLOS AVELLANEDA: El Senado decidió que eso quedara incluido en el capítulo 106 de la Ley 1.438 del 2011 (reforma a la salud).
ENS: ¿Qué motivó al Senado para incluir su iniciativa en la reforma a la salud?
LCA: El proyecto gustó mucho en la Comisión Séptima (Senado), debido a que allí habían unos médicos que entendieron que todas esas prácticas iban contra la ética médica y en última iban contra los pacientes, y entonces decidieron acumularlo con el proyecto del Gobierno, y al acumularlo aceptaron mi proyecto, por lo que se convirtió ya en ley.
ENS: ¿Cuáles son esas prohibiciones que contemplaba su proyecto?
LCA: Lo que se estaba planteando en el proyecto era prohibir una serie de prácticas que se venían dando en el sector salud y que afectaban todo el tema de la ética médica, y en otras ocasiones contra los recursos del sistema de salud. Por ejemplo, se prohíbe a EPS e IPS que constriñan el tema del ejercicio profesional de todas las ramas de la salud, porque, por ejemplo, a los médicos se les estaba diciendo que si hacen determinadas prácticas, los premiamos o los castigamos. Además, se prohibió unas prácticas en el tema de la medicación, o sea, que el médico, oftalmólogo o psiquiatra vuelven a rescatar su ética en materia del tratamiento de sus pacientes. De igual manera, se les prohíbe a las farmacéuticas que den premios a los médicos para que formulen determinados medicamentos, porque estas entidades venían diciéndoles a los médicos que si formulaban tanta cantidad de determinado medicamento, los mandaban para Curazao o les daban porcentajes. Asimismo, se les prohíbe a los distribuidores de equipos de salud que generen gratificaciones hacia quienes deben comprar esos equipos. Todo eso se nos estaba volviendo unas prácticas nefastas, de corrupción disfrazada.
ENS: ¿Confía en que estando su iniciativa incluida en otra norma, se le dé plena aplicación?
LCA: Ojalá que eso entre en práctica, sobre todo para que los médicos entren a reivindicar su autonomía, ya que los tenían muy aplastados.
ENS: Sin embargo, ¿no le parece paradójico que por otro lado en el Senado se le dé largas a un debate contra las EPS que citó su copartidario Jorge Enrique Robledo?
LCA: Yo estoy contento porque mi proyecto pasó, pero en términos generales no hay una disposición del Congreso a poner en cinturas las EPS, porque definitivamente allí, mientras siga reinando el ánimo de lucro en la salud, no vamos a poder mejorar la salud en Colombia de manera definitiva y radical. Yo no he encontrado ambiente en el Congreso para afectar el ánimo de lucro o la intermediación financiera, que es el gran mal de la salud.
NO CUAJA PROPUESTA DE GOBIERNO PARA MEJORAR EQUIDAD DE LA MUJER
Urgen a Corte Constitucional pronunciarse sobre reglamentación de Reforma Política para discutir la financiación de campañas con miras a las elecciones regionales
NO EMPEZÓ con pie derecho la discusión de la iniciativa gubernamental que adiciona algunos artículos a la reglamentación de la Reforma Política del 2009 pues por un lado, uno de sus temas centrales, mejorar la participación de la mujer en las listas de candidatos, no será reforzada para las próximas elecciones y, de otro lado, se aplazaría la discusión de otros aspectos centrales como la financiación de campañas, hasta que la Corte Constitucional no realice el control respectivo del proyecto estatutario que regula el Acto Legislativo 01 del 2009.
EL NUEVO SIGLO habló con algunos de los pocos representantes a la Cámara que asistieron a la audiencia pública citada para ayer, para debatir el tema.
El parlamentario Miguel Gómez Martínez explicó cuáles son los temas centrales de este proyecto de ley.
“Ahí hay tres cosas que son fundamentales, la primera es qué sucede en el caso de las listas de los partidos cuando no se reúne el 30 por ciento reservado a las mujeres y el diez por ciento a los jóvenes.
El proyecto de ley prevé que los partidos podrán completar las listas con hombres, en caso de que no logren reunir esos porcentajes, y eso es producto de lo que está sucediendo actualmente, donde los partidos están preparando sus listas para las elecciones regionales y no han logrado llenar los cupos de mujeres y jóvenes”, explicó el representante a la Cámara por Bogotá.
Sin embargo, en este tema, Gómez Martínez aseguró que la iniciativa no garantizará una buena participación de las mujeres en las listas de partidos políticos.
“La medida como está hoy en el proyecto de ley permitiría que hubiera listas con menos del 30 por ciento de mujeres, pero la realidad es que no conseguimos el número de mujeres, entonces caeríamos en un extremos que no me parece deseable, y es rellenar las listas con nombres de mujeres que no tienen ninguna representación política, que no han hecho ningún trabajo en las comunidades, pero por el simple hecho de ser mujeres tendrán asegurado su cupo”, manifestó.
“El segundo tema es la participación del autofinanciamiento en las campañas, es decir, si uno puede con recursos de su familia, financiar su propia campaña electoral; el proyecto de ley prevé que se puede financiar el cien por ciento de la campaña, obviamente en ningún caso por encima de los gastos totales que incluye la campaña y naturalmente tendrá restricciones al momento de obtener los beneficios tributarios que están previstos para las donaciones a las campañas políticas”, señaló Miguel Gómez.
“El último punto es meramente mecánico que tiene que ver con los anticipos, porque hoy por hoy no ha sido reglamentado cuál era el porcentaje que el partido se podía quedar con los recursos, y aquí se le pone un techo que únicamente podrá ser hasta de un 20 por ciento, y el 80 por ciento irá para el parlamentario en reposición de sus votos”, dijo el parlamentario conservador.
De otro lado, el parlamentario Oscar Fernando Bravo Realpe, le hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria que reglamenta la reforma política, para entrar a discutir temas como la financiación de campañas políticas.
“Es sorpresivo que casi no hubieron mujeres, no hubo público, aunque sí vinimos varios parlamentarios, pero aduzco que eso obedece a que todavía la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la reglamentación que hicimos de la Reforma Política. Como quiera que no hay una base sólida jurisprudencial, pues es posible que lo que estemos aprobando pormenorizadamente ahora se caiga si la Corte tumba la base que la sustenta. Estamos pidiendo a gritos que nos diga que sí, que no, o si todo sí o no, porque lo cierto es que las elecciones son ya y es necesario que el país tenga claro sobre el financiamiento de las campañas, sobre las coaliciones”, manifestó el representante conservador.
REVISTA SEMANA
"EL SISTEMA DE SALUD ESTÁ MONTADO PARA CONVERTIR EN GANANCIA LO QUE ES UN DERECHO": JORGE ROBLEDO
El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo alista un debate al funcionamiento del sistema de salud. En su criterio lo que era un derecho se ha convertido en un negocio.
Para el senador, las EPS han concertado mecanismos para apropiarse de los recursos de la salud. En medio de nuevas denuncias sobre irregularidades se abrirá debate en el Senado al sistema creado con la Ley 100.
Las denuncias sobre las irregularidades en la facturación de los medicamentos y servicios de salud por parte de algunas EPS van en aumento, mientras en el Senado se prepara un debate sobre la responsabilidad de estas entidades.
Este martes está programado un debate de control político a las EPS y al sistema de salud en Colombia que fue citado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexander López, del Polo Democrático. Para Robledo, es un debate a la Ley 100 que en su criterio, “no regula el servicio de salud, sino el negocio de la salud”.
La cita tiene lugar luego de que el diario El Tiempo reveló el contenido de un informe hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio que da cuenta de una presunta alianza de 14 EPS agremiadas en Acemi para concertar la negación de servicios de salud. Estas EPS representan el 85 por ciento del sector de la salud.
El diario reseñó que la investigación está basada en el cruce de correos de representantes de las EPS y Acemi. También indicó que en este momento Acemi y las EPS se preparan para responder a la investigación que sugiere una multa de 15.000 millones de pesos.
En respuesta a la investigación, Juan Manuel Diaz Granados, presidente de Acemi, dijo que las citas de los correos incluidas en la investigación fueron tomadas fuera de contexto. También calificó de “inexacta” la inferencia de que las EPS se hubieran puesto de acuerdo para pactar una posición uniforme frente a los tratamientos y medicamentos ordenados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
En entrevista con Semana.com, el senador Robledo dijo que esta investigación, que ya tiene en su poder, será un insumo importante para su presentación en el debate. “Las EPS montaron un cartel en el sentido económico de la palabra para robarse la plata de la salud y no competir entre ellas”, dijo.
La investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, además infiere que las EPS agremiadas presuntamente montaron una estrategia para cobrar dos veces medicamentos que no estaban incluidos en el POS. El informe reza que el fin era “negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga, vía aprobación de tutela o CTC, para de esta manera obtener ingresos adicionales”.
La UPC (Unidad de Pago por Capitación) es la prima anual que reciben las EPS del Estado por la atención de cada afiliado; es una suerte de pago por anticipado de los servicios que las EPS prestan.
Las EPS se han quejado en reiteradas ocasiones de que esa UPC es muy baja, por lo cual le han pedido al Gobierno que la actualice según los costos en los que incurrieron en el período anterior.
Según lo indica el informe, las 14 EPS de Acemi negaron servicios que ya habían sido contemplados en esa prima, esperando a que los usuarios demandaran para después reclamar el monto de esos servicios ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que administra recursos del Estado para la promoción de la salud.
Los investigadores sustentaron que ese recobro ante Fosyga fue en aumento y en 2006 pasó de representar el 5,6 por ciento de los costos operacionales de esas EPS, a representar el 18 por ciento en 2009. Es decir, de 336 mil millones de pesos a un billón 798 mil millones de pesos.
Para Robledo, la Superintendencia consideró esa práctica como “anticompetitiva, pero también puede constituir un delito al que le cabe una investigación penal”.
El senador consideró que esta investigación desmonta la hipótesis de que el mercado regula los precios de los medicamentos y del servicio de la salud.
En una pregunta que le hicieron al Ministro Mauricio Santa María sobre cómo se vigilan los precios de los medicamentos, el jefe de la cartera respondió: “En cuanto a los precios de los medicamentos el principio que existe es libertad de precios en Colombia”.
Otras denuncias
No obstante, este no será el único tema que abordarán los congresistas del Polo Democrático en el debate a la salud. Incluirán también el tema de la sobrefacturación de los medicamentos que sí están contemplados en el POS. Para el efecto, los congresistas se basarán en dos investigaciones, una del propio Ministerio de la Protección Social y otra del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional.
La primera investigación, basada en información aportada por las propias EPS revela que hubo un sobreprecio de un billón de pesos en los medicamentos. Ese estudio sirvió para que la Comisión de Regulación en Salud (donde tiene asiento el Ministro de Protección) aumentara la UPC en 2011 en un 4,25 por ciento (es decir, 193 mil millones de pesos más).
Robledo reiterará sus denuncias sobre las EPS SaludCoop, Cruz Blanca y Café Salud, basado en la investigación de la Nacional que indicó que mientras las EPS gastaron en promedio en medicamentos 36.324 pesos por afiliado, en 2009, las tres EPS del Grupo SaludCoop, se gastaron 207.790 pesos por afiliado. El sobreprecio es 5,7 veces mayor.
A través de comunicaciones oficiales SaludCoop ha negado los sobrecostos aduciendo que hubo fallas técnicas en los reportes utilizados por el centro de investigación de la Nacional.
El debate, además incluirá un tercer tema que estará basado en un informe de la Federación Médica Colombiana sobre otro tipo de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS. Según información obtenida por esta entidad, entre 2007 y 2009 hubo una sobrefacturación de 70 mil millones de pesos en medicamentos que no están incluidos en el POS y que fueron recobrados ante el Fosyga.
Al final, los senadores refrendarán la petición que hizo la Contralora Sandra Morelli a la Superintendencia de Salud de no conciliar con SaludCoop en una querella administrativa por más de 600 mil millones de pesos.
Ese dinero hace parte de las UPC entregadas a la EPS y debe ser destinado a la atención de los pacientes, a medicamentos o procedimientos quirúrgicos o administrativos. Entre 2004 y 2005 la Superintendencia de Salud descubrió que SaludCoop había utilizado ese dinero en otros fines y bajo la administración de Mario mejía Cardona había ordenado la restitución a SaludCoop de 627 mil millones de pesos.
SaludCoop interpuso un recurso para no tener que devolver ese dinero. El pleito que está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha derivado en un proceso de conciliación entre la Superintendencia y la EPS.
Por esta razón, la Contraloría interpuso una Función de Advertencia al actual Superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez, para que tome las medidas necesarias y recupere el dinero del erario.
Según el recurso del ente fiscalizador, Saludcoop destinó casi 320.000 millones de pesos (a precios de 2008) en “costos y gastos diferentes al producto de la prestación de servicios de salud a la población afiliada”.
Pero, la Superintendencia de Salud anunció que continuará con el proceso de conciliación, pues éste ya estaba en curso y además fue avalado por la Procuraduría. Además, en criterio de Gómez con la conciliación el Estado se ahorra dinero pues podría tener que indemnizar a la EPS.
El debate al sistema de la salud va para largo. Además, solo hay 150 funcionarios de la Superintendencia para controlar a más de 40 mil entidades relacionadas con la salud (entre laboratorios, EPS, consultorios, centros naturistas, etc.) En palabras de Robledo, “todo está montado para convertir en ganancia lo que es un derecho de la gente”.
CARACOL RADIO
GOBIERNO DEBE RESPETAR LA AUTONOMÍA JUDICIAL Y NO PONERLOS "EN LA PICOTA PÚBLICA": ASONAL
Representantes de la rama judicial señalan que el Gobierno no debe poner en la picota pública a los jueces sin una investigación previa
Luego que el Presidente Juan Manuel Santos le pediera al Consejo Superior de la Judicatura una investigación sobre la actuación del juez segundo de menores de Bucaramanga, Juan de Dios Solano, quien ordenó la libertad José Márvel Zamora, alias ‘Chucho’, los jueces organizados reclaman respeto del Gobierno.
Fabio Hernández, vocero de Asonal Judicial, advierte que se necesita prudencia para no atentar contra la autonomía de la justicia.
"Es supremamente grave porque no se ha auscultado realmente sí hubo una falta del juez o no, hay que respetar la autonomía del poder judicial y aquí ya nos acostumbramos que ante una circunstancia de esta naturaleza se coloca en la picota pública al operador judicial", anotó
Fabio Hernández aseguró que primero se debe investigar si la conducta del juez fue correcta o no.
Los representantes de la rama judicial aseguraron que este tipo de intervenciones contra la justicia se han presentado en anteriores gobiernos.